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LA SEGURIDAD: Su solución desde el estado y no desde la oferta electoral (Jesse Chacòn- GISXXI)

La seguridad ha sido utilizada en todas las sociedades capitalistas como un recurso del estado para legitimar sus aparatajes represivos y militarizados, es en lo fundamental un ritual de control social. La estrategia derivada de estos dispositivos, es el tratamiento violento de los conflictos, convirtiéndose el manejo de los problemas de inseguridad, en uno de los escenarios privilegiados para la violación de los derechos humanos.

El Gobierno Bolivariano de Venezuela, reconociendo el reto que significa conjurar las crecientes formas de inseguridad urbana, ha optado por una política nacional de seguridad cuyo diseño y operacionalización, está transversalizado por los estándares de respeto y garantía de los derechos humanos. Se trata de transformar el derecho a la seguridad en la seguridad de los derechos, como bien lo propone el criminólogo crítico Alexandro Barata.

En la dirección anterior se constituye el sistema nacional de policía, el cual ha contado con instrumentos significativos como la policía nacional y los nuevos estándares operacionales para las policías estadales y municipales.

Los resultados en la disminución en la tasa de delitos contra el patrimonio como robos y hurtos, han sido importantes, esto como producto de las nuevas conductas policiales, así como la integralidad en la política social y garantía de los derechos económicos y sociales. La tasa nacional en hurtos bajó de 190 en el 2009 a 169 en el 2011, la de robos disminuyó de 254 en el 2009 a 211 en el 2011.

La tasa de homicidios por el contrario, si bien contenida, permanece estancada, sin ganar una tendencia significativa a la baja, para el 2009 fue de 49, en el 2010 se situó en 50, siendo la mayoría de las víctimas y victimarios los jóvenes. En relación a las características de los homicidios, el 83,63% ocurren con mayor frecuencia en los sectores populares, 56,52% en el estrato cuatro y 27,12% en el cinco, en el uno y dos (ricos), solo ocurren el 3,9% de los homicidios. El 61,57% de los asesinatos ocurren en el propio barrio de vivienda y 10,01% en la propia parroquia, así mismo el 71.5 ocurren en la noche y en la madrugada.

En relación a lo anterior, existen diversos factores de la sociedad vinculados a la llamada oposición, que no comprenden lo que significa transformar esta problemática desde un modelo de seguridad ciudadana centrado en prácticas democráticas y respeto a los derechos humanos, no han valorado el sustantivo proceso de construcción del sistema nacional de policía y la política nacional de desarme. Ellos no pueden valorar estos fundamentales pasos de política pública, pues su esencia es la concepción militarizada de la seguridad ciudadana, la cual operacionalizan desde la típica conducta de “plomo al hampa”, su tradición es la violación sistemática de los derechos humanos, su postura en asuntos criminológicos está dada por la teoría del “derecho penal del enemigo”, según la cual las formas de criminalidad juvenil, al ser transgresoras del pacto social, deben ser tipificadas como enemigos públicos a los cuales no es legítimo cobijarlo con el sistema de garantías y respeto a los derechos humanos. No es de extrañar su invocación permanente para que los motines carcelarios sean sofocados a sangre y fuego.

El Gobierno Bolivariano es consciente de la gravedad que representa el problema de la inseguridad para el conjunto de la sociedad venezolana, por eso ha hecho un llamado a que el problema sea asumido como un tema público, de todos, que no se mire desde la parcialidad política, buscando que todos los factores de la sociedad converjan para encontrar alternativas de solución.

El principio de la solución parte de la construcción de un enfoque capaz de tejer sociedad y estado desde el cumplimiento de los estándares de los derechos humanos, no desde posturas regresivas de militarización de las mentalidades y los dispositivos de acción, sino, tratando de reconocer que la seguridad es un problema político y ciudadano.

Igualmente, es necesaria una acertada caracterización de las nuevas tipologías criminales que con rasgo transnacional, se implantan en la sociedad venezolana, leer el problema de la inseguridad, sin visibilizar el impacto que los carteles colombianos y mexicanos de la droga vienen teniendo en la reconfiguración de la criminalidad urbana, expresado en el micro tráfico de narcóticos y el incremento de los homicidios es perder de vista la conexión estructural del problema.

Estos fenómenos no son criollos, son parte de un fenómeno que hoy impacta en menor o mayor grado a la totalidad de ciudades de América. Una comprensión de este hecho exige la lectura del narcotráfico no sólo como un problema criminal, sino y ante todo, como la expresión de una transnacional de acumulación de capital, en la que concurren desde neo burgueses mafiosos, hasta elegantes banqueros de la burguesía tradicional.

El narcotráfico y su impacto en la sociedad venezolana puede ser comprendido de mejor manera si analizamos los cambios en los mercados de consumo de narcóticos. Hasta finales de la década del 90 según naciones unidas, Estados Unidos representaba un mercado de 267 toneladas cúbicas de cocaína por año, para el 2008, como producto del surgimiento de un segmento de consumidores jóvenes más ligados a las drogas sintéticas, el consumo de cocaína por año, se redujo a 165 millones de toneladas. Mientras, Europa sufrió un incremento del consumo, pasando de 63 toneladas año, en 1998, a 165 toneladas en el 2008.

Esta fundamental variación en los mercados, tuvo como consecuencia la transformación en la cartografía de la distribución, se consolidan y configuran nuevas rutas, Venezuela se convierte en un territorio fundamental de tránsito de la droga, la cual es ubicada en el litoral venezolano, llevada a las islas del Caribe y desde ahí, reexportada directamente hacia Europa una parte y a través de África la otra.

La configuración de circuitos criminales en Venezuela no se ha hecho esperar, el consustancial mercenarismo propio del negocio del narcotráfico se desarrolla, alrededor del cuidado y transporte de los cargamentos desde Colombia, así como alrededor del negocio del micro tráfico urbano, el cual viene representando un incremento en el consumo y la posesión de narcóticos por parte de los ciudadanos.

Según datos del CICPC, mientras para el 2009, la tasa de consumo de drogas en Venezuela era de 0,04, para el 2011 se ha ubicado en 7,7; la tasa de posesión de drogas por parte de los ciudadanos ha pasado en el mismo período, de 33 a 39.

El Gobierno Revolucionario, consciente del dramático significado de este nuevo fenómeno transnacional en la realidad del país, no ha sido presa de las respuestas espasmódicas del corto plazo, ni de las fórmulas fascistas de control y represión; por el contrario, sin descuidar el incremento operacional de las fuerzas policiales, las cuales vienen representando resultado parciales en varios indicadores, ha optado por una transformación estructural del sistema nacional de seguridad.

Recientemente, el gobierno, ha convocado una movilización pública alrededor del problema del desarme, el cual trabaja también en medidas estructurales para el control del armamento. Ha movilizado también a los factores ciudadanos, para incorporarse a la gran misión “A toda Vida Venezuela”, la cual trabajará de manera sistemática alrededor de las manifestaciones de la criminalidad, la situación de la accidentalidad vial y los déficits de convivencia al interior de las comunidades.

Todo esto, es la nueva manera de tejer sociedad desde criterios socialistas, es una estrategia orientada a transformar el concepto y la práctica de la seguridad, en un asunto de convivencia, el nuevo nombre de la seguridad, es la convivencia.

Lamentablemente, ante el estancamiento de la candidatura de la oposición, esta ha optado por dar un uso electoral al problema, presentando una propuesta que no contiene ni una sola acción concreta. ¿Qué puede el candidato Henrique Capriles presentar a los venezolanos en materia de seguridad, cuando el estado del cual es el gobernador tiene los más altos índices de criminalidad?

Ojalá podamos sacar este tema de la diatriba política y darle una solución de estado a una sociedad que así lo demanda. La Misión “A toda vida Venezuela” es la gran oportunidad de sumar todas las voluntades con este fin.

Jesse Chacòn

Director GISXXI

www.gisxxi.org

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Comentarios

12,junio,2012 | 09:26 am
arquimedes quintana dijo:

Desde esta perpectiva hay que avanzar en términos de tiempo y de articulación con el poder popular que permita a las comunidades adentrarse en las políticas públicas como la misión A TODA VIDA VENEZUELA.

 

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