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Ley de Desarme será producto del consenso de todos los sectores del país (AVN)

El secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, Pablo Fernández Blanco, informó que continúan las discusiones para una nueva Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, así como una Ley de Amnistía para el desarme voluntario de la población.

Destacó que se busca que la nueva Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones sea producto del consenso entre los diferentes sectores del país. Vaticinó que esta ley pudiera estar aprobada a mitad de este año.

Fernández, a través de una entrevista realizada este miércoles en el programa Contragolpe de Venezolana de Televisión, indicó que son múltiples los esfuerzos que se realizan para lograr el desarme porque “por cada arma que se retire de la calle, serían muchas las vidas que se salvarían”.

Fernández resaltó los alcances que ha tenido la campaña nacional por la paz y el desarme e informó que la última fase de la misma apunta al conocimiento que debe tener la población del proyecto de Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones.

Manifestó que continúa el proceso de consulta pública en todas las regiones del país, así como a través de Internet, por lo que la comisión evalúa los argumentos por parte de la población acerca de las diferentes propuestas para lograr el desarme.

La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, fue creada por Decreto Nº 8.211 de fecha 13 de mayo de 2011 con la misión de impulsar el diseño, construcción e implementación de una política integral sobre el control de armas en Venezuela. La Comisión está sustentada sobre la base del consenso social e intereses colectivos que den respuesta al problema posterior al análisis de las causas y consecuencias.

Una de las propuestas esbozadas para la ley, según Fernández, es la Ley de Amnistía que aprobaría el Presidente de la República, que consistiría en: “La entrega voluntaria de armas de fuego”.

Indicó que la intención es que “las armas sean entregadas voluntariamente, y las personas que las entreguen, no sufran ningún tipo de consecuencias jurídicas, y el arma, una vez realizada la esperticia correspondiente, pueda pasar a una destrucción inmediata”.

La ley establecería la entrega de armas de fuego y luego se evaluarían dos posibilidades: En primera instancia, que forme parte de las esperticias del órganos criminal y se proceda a la destrucción de las mismas; o que de forma inmediata, al momento de la entrega, sea destruida.

Fernández destacó que la segunda opción apuntaría a un modelo aplicado en Brasil y que ha tenido un impacto relevante debido a que “es un factor de confiabilidad muy importante, porque la persona sabe que esa arma no va a regresar al mercado ilegal”.

A partir del estudio realizado por la Comisión Presidencial se evidenció que el 75.63% de los consultados estaría de acuerdo con la Ley de Amnistía.

Aclaró que la amnistía aplicaría sobre la persona que entregó el arma, pero que la investigación criminal continuaría a través de los canales regulares.

Fernández subrayó que las pruebas pilotos para el desarme ya están en marcha en las zonas caraqueñas de La Vega, La Pastora y los Frailes de Catia, porque lo fundamental es “involucrar a las comunidades organizadas en este proceso, esto no es algo que se va a imponer desde afuera sino que tiene un factor de participación ciudadana importante”.

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